Desregularización de los mercados financieros y sus consecuencias.

     Autor: Jeshua Ortigas Arellano

DESREGULARIZACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y SUS CONSECUENCIAS.                           

Nos encontramos en la llamada “Edad Dorada del Capitalismo”. Las tasas de crecimiento del PIB de países de la OCDE triplican a los años pasados y poco tendrá que envidiar a los años que le siguen. Quién lo diría después de haber presenciado la II Guerra Mundial, sin embargo, alguna medalla se puede debe otorgar después haber conseguido que, además del crecimiento de los países que lograron la victoria, los países derrotados tuvieran una tendencia elevada de desarrollo (Japón, Alemania e Italia). En general se asentó un ambiente fértil, permitiendo que hubiera más países desarrollados compitiendo por alcanzar al referente de aquella época. En este camino labrado la extensión de la industrialización a los países y regiones más atrasadas (países mediterráneos, Europa del este,etc), no solamente permitió una mayor extensión, sino además, una mayor eficiencia a base de tecnología. Algo así como el primer tractor en la agricultura.       Esta producción dio paso a una alta inversión (crecimiento de beneficios por moderación salarial y ampliación del marcado, sumado a la inversión de capitales norteamericanos y el aumento del ahorro en un marco de liberalización del comercio mundial (mercancías, servicios y factores de producción). Obteniendo resultados tan palpables como el Estado de Bienestar.

El crecimiento económico, que había desempeñado un papel esencial en la consolidación de la democracia, sufrió un estancamiento a finales de los años sesenta y,  en los países industriales, se observó un fenómeno paralelo de desarrollo de la inflación y del paro. Se dice que en 1965, el por entonces ministro de Finanzas británico, Ian McLeod acuño el término “Estanflación”; la combinación de <<recesión>> e <<Inflación>>. El ingenio volaba por aquel entonces para saber qué le estaba pasando a la economía, pero los golpes duros llegarían para 1973 y 1979. Mientras tanto, el ocaso de esta edad se iba asomando por el horizonte con el síntoma más claro de desaceleración del crecimiento por agotamiento de las bases del desarrollo. Entre las características se observan situaciones como el proceso de convergencia se agotaba; falta de incentivos y estructuras para la innovación tecnológica; mucha dificultad para identificar las inversiones estratégicas eficientes de parte de los agentes económicos; un claro descenso de la demanda y de la productividad; además, y como resultado, una menor inversión. Un último engranaje que añadir, en 1971 el presidente de los Estados Unidos, Nixon, declaró que no convertiría el dólar en oro, y hay que tener en cuenta que por aquel entonces la cantidad de dólares en bancos centrales extranjeros superaba las reservas de oro. Esto creaba una mayor sensibilidad de crisis para los bancos si les llegasen a reclamar la converisión. Dos años después, en 1973, los países de la OPEP declararon un embargo de las exportaciones de petróleo a EEUU y a Europa Occidental, debido al apoyo a Israel en la Guerra de Yom Kippur. Y, como si fuese una réplica de un terremoto, en 1979 se darían las circunstancias para que se diera una nueva crisis del petróleo.

Comenzó el 23 de agosto de 1973, a raíz de la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (agrupaba a los países árabes miembros de la OPEP: Egipto, Siria, Túnez y Irán) de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur. (Guerra de Israel con Siria y Egipto). Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. Puesto que en condiciones normales las fluctuaciones en la demanda del petróleo son pequeñas (cuando sube el precio sólo se compra un poco menos), los precios tenían que subir drásticamente para conseguir que se redujera notablemente la demanda, y así poder establecer un nuevo nivel de consumo impuesto por la oferta. El embargo se tenía un claro objetivo. El control del gobierno estadounidense, pensando mantener el precio a unos niveles aceptables, acabó aumentando el impacto económico debido a los cortes de suministro. Como consecuencia, se inició una prolongada recesión y aumentó notablemente la inflación; se duplicó el precio real del crudo, o como se diría, el precio crecía como la espuma. Esta crisis económica que se despertaba en los años setenta debilitó seriamente el consenso de posguerra sobre el crecimiento económico y el sistema de bienestar. La recesión económica, la inflación, las pérdidas masivas de empleo, la crisis fiscal del Estado y el aumento sin precedentes de la deuda pública manifestaron los altos costes de mantener el bienestar económico y social. Desde entonces comenzó a disminuir la confianza en la intervención económica estatal, crecieron las dificultades de los gobiernos para mantener el compromiso del pleno empleo y se hicieron habituales las restricciones del gasto social. La ruptura del crecimiento económico arrastró a la política social expansiva afectando también al sistema político.

La crisis derivó en una nueva interrelación política entre capital y trabajo, a causa de la ruptura del acuerdo sobre la gestión gubernamental de la demanda. Los nuevos dificultades y las influencias teóricas neoliberales (Escuela de Chicago) contribuyeron a minar el generalizado consenso de la posguerra sobre el papel del Estado, alentando la necesidad de cambio de las prioridades en la dirección económica de las políticas gubernamentales. Apartándose del pensamiento keynesiano y de la atención al pleno empleo, pasando a centrar las prioridades en el combatir la inflación (control de los precios y los salarios) y evitar los déficits de la balanza de pagos, dando la bienvenida a una política económica monetarista. Los pensamientos neoliberales aparecieron en escena, denunciando la carga del Estado sobre la población activa y el efecto negativo sobre la competitividad de las empresas que suponían las cargas sociales. Las críticas al Estado de Bienestar, cuyo crecimiento empezó a considerarse que comportaba más daños que remedios, no se hicieron esperar con la irrupción del nuevo pensamiento, partidario de un sustancial repliegue de las fronteras del Estado. Pero también dentro de la propia izquierda se cuestionó la convicción de que el Estado pudiera asumir la responsabilidad del bienestar de los ciudadanos. Esta dinámica vino favorecida por los escasos resultados de las políticas keynesianas que llevaron a cabo los gobiernos socialdemócratas para tratar de frenar la crisis entre finales de los setenta y el comienzo de los ochenta.

La aplicación de políticas económicas conservadoras no se hizo esperar (control del déficit público y economía más liberalizada y desregulada). Los primeros países en implementarlas fueron Gran Bretaña, E.E.U.U y Chile. Con las bases teóricas de Milton Friedman se descarta como instrumento la oferta monetaria por imposibilidad de control ante la proliferación de nuevos activos financieros totalmente líquidos (venta de deuda pública con pacto de recompra); se da una subida del interés bancario; en lo referente a la política fiscal, se da un aumento de la tributación indirecta (regresiva) rebajando los tipos marginales máximos (impuesto adicional que se paga en los tramos altos de renta), además de la eliminación de algunas exenciones que da como resultado un aumento de la recaudación; la desregularización de los mercados de trabajo y de los mercados financieros no fijando un crédito máximo de parte de los bancos; un coeficiente obligatorio de inversión y un no coeficiente de caja. Este camino no quedaría completo sin la privatización de algunas empresas públicas. No se les podía escapar ningún detalle después del duro varapalo al que hacia frente la economía mundial.

La desregularización de los mercados financieros tuvo claras manifestaciones. El abandono de los mecanismos de control se hizo notorio (coeficiente de solvencia o apalancamiento; coeficiente de liquidez; restricción de los tipos de activo; etc.) y la creación y comercialización de nuevos productos financieros hicieron su estelar aparición tratando de rescatar el momento. Dentro de este panorama se observan consecuencias como el bono de titulización de activos –ABS- (bono compuesto por miles de préstamos de origen diverso); obligaciones garantizadas por deuda –CDO- (un bono estructurado que combina una serie de ABS divididos en tramos con riesgos diferenciales); una permuta por incumplimiento crediticio –CDS- (póliza de seguro); las opciones, un contrato que otorga a la parte contratante el derecho de compra o venta de algo en una fecha determinada a un precio fijado en el presente; y una permuta que permitiera reemplazar una serie de pagos o beneficios futuros por una serie de pagos o beneficios fijos son los factores que se extraen de la actuación de la economía política encaminada a la desregularización frente a la crisis del petróleo.

En otras palabras,    el movimiento desregulatorio que se inició en la década de los 70 se aplicó a los bancos como a cualquier otra industria, en busca de una mayor eficiencia, sin tener en cuenta otras consideraciones. Se permitió a otro tipo de intermediarios ofrecer servicios similares a los de la banca comercial, como la emisión de cheques. A la vez, se relajó la regulación de la banca comercial, para  que pudiera competir con los nuevos intermediarios financieros, pero la mayor competencia hizo que sus préstamos comenzasen a ser a mayor plazo y con mayor nivel de riesgo. Al reducirse los tipos de interés a comienzos de esta década para atajar la crisis, los bancos y otros intermediarios tuvieron incentivos a satisfacer la mayor demanda de créditos para vivienda y para el consumo de bienes duraderos, pidiendo prestado en grandes cantidades, en vez de elevar su capital, aumentando con ello muy significativamente su apalancamiento.

La tendencia de desregularización que aparece en este contexto como solución a una de las crisis más importantes del último siglo se basa en la actualización –a modo de sistema operativo- de los principios liberales. La gran justificación de este cambio es la aparente –para aquel entonces- incompatibilidad de los objetivos y métodos del Estado de Bienestar con el progreso económico. Donde, implícitamente, aparece la necesidad de reducir el aparato estatal para dar paso a otra forma de economía. La nueva argumentación enfocada a la falta de iniciativa individual, del trabajo y del ahorro, de la pérdida de competitividad y eficiencia de la economía; también, se le recrimina la sobrecarga al Estado en lo referente a la continua ampliación de los derechos sociales, observando que en esa línea el Estado dejaría de poder hacer frente a esas necesidades. En definitiva, la gran consecuencia de la desregularización de los mercados (como se deja ver entre líneas), fue reducir la capacidad de acción del Estado que, aparentemente, había asfixiado a la economía de  por aquel entonces.